Para la Justicia, Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsunce, no puede ser al mismo tiempo víctima del crimen de su esposa y sospechoso de encubrirlo. Así lo resolvió ayer la Cámara de Apelaciones de San Martín al rechazar el pedido de Carrascosa para ser considerado particular damnificado en la causa en que se investigaba el asesinato de su mujer, ocurrido el 27 de octubre último en el country Carmel, de Pilar.
El tribunal confirmó así lo que había resuelto en primera instancia el juez de garantías de San Isidro Diego Barroetaveña. El defensor de Carrascosa, Marcelo Nardi, adelantó que recurrirá la resolución del tribunal ante la Cámara de Casación y ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense de ser necesario.
En la práctica, esto significa que Carrascosa no podrá acceder al expediente en que se investiga el homicidio de su mujer y al mismo tiempo no podrá controlar las medidas de prueba que se tomen en el caso.
La defensa entendió que hay jurisprudencia controvertida sobre el punto, por lo que cree que puede prosperar su apelación.
La Cámara entendió que no hay agravio para el querellante, en la medida en que el Código de Procedimientos provincial no le confiere derechos sustanciales al particular damnificado.
También señala lo paradójico que sería habilitar la vía para que pudiera pedir un resarcimiento económico por la muerte de su esposa como daño moral, cuando eventualmete puede llegar a ser juzgado como encubridor de ese homicidio.
TODO CONGELADO
Mientras se decide el futuro de este recurso, el fiscal de Pilar Diego Molina Pico decidió congelar el expediente donde se investiga a los familiares de la víctima por encubrimiento hasta tanto se decida si va a seguir siendo él quien quede a cargo de la causa.
Es que Carrascosa recusó a Molina Pico al entender que no puede investigar el encubrimiento porque él mismo estuvo presente al día siguiente de la muerte en el lugar del crimen junto con los investigados.
En la provincia de Buenos Aires, el procedimiento indica que el juez de garantías debe ser quien resuelva el incidente. Para eso debe citar a ambas partes, el fiscal y el abogado, a una audiencia y luego de escuchar sus argumentos deberá resolver en 48 horas.
El juez de la causa, Diego Barroetaveña, se encuentra de licencia y lo reemplaza Orlando Díaz. Es probable que el trámite lo resuelva Barroetaveña cuando regrese de sus vacaciones a partir del lunes próximo.
Mientras tanto, en la causa por el encubrimiento, el fiscal entendió que no corresponde decidir ahora sobre la batería de medidas de prueba que les pidieron los abogados.
Entre ellas se cuentan tomar diversos testimonios, incorporar prueba documental y realizar careos entre los imputados y los testigos que les adjudican conductas o dichos que los involucran.
No han pedido ninguna indagatoria, pero las pruebas que solicitaron se orientan a probar quiénes para ellos pueden ser los sospechosos del asesinato. Los nombres que tienen en mente son un secreto, que ningún allegado a la familia quiere revelar públicamente.
Las pruebas, según allegados a la defensa, apuntan a consolidar las hipótesis de trabajo del fiscal: son cuatro pistas que sigue para alcanzar al autor material del crimen.
En tanto, la defensa pidió la nulidad de todas las declaraciones indagatorias que prestaron Carrascosa, el cuñado Guillermo Bártoli, Nora Burgues de Taylor y Horacio García Belsunce (h.), John Hurtig y su padre, Constantino.
Alegaron que el fiscal no los relevó de su juramento de decir la verdad, que prestaron cuando habían declarado como testigos.
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