Web Toolbar by Wibiya Caso García Belsunce: Delirantes, perseguidos y sociópatas

sábado, 23 de junio de 2007

Delirantes, perseguidos y sociópatas

Las actuaciones de los defensores oficiales en el caso Abigail (o Lucero) y de los fiscales en los casos Dalmasso y García Belsunce exponen ante la opinión pública la irresponsabilidad de un ministerio público que trata a las víctimas y querellantes como “delirantes perseguidos" y a los malandras “sociópatas" como víctimas sociales a garantizar.El país se ha visto conmovido en la última semana por el fracaso evidente de los fiscales argentinos en los casos de María Marta García Belsunce, asesinada de cinco balazos en la cabeza en 2002, y de Nora Dalmasso, estrangulada y posiblemente abusada sexualmente en 2006.En ambos casos hubo saña. Los dos crímenes sucedieron en barrios cerrados y en ámbitos de clase alta, y las familias y defensores sostienen que los crímenes excluyen a los familiares acusados. El fiscal Molina Pico exhibió en el juicio oral, con sus gestos y su voz tanguera, el fracaso de la investigación de fiscales, jueces y policías cuando acusó por homicidio agravado al ex marido de María Marta, sólo para tapar que a cinco años del homicidio no tiene ninguna prueba firme sobre quién y cómo la mataron, y mucho menos el móvil del crimen.El imaginario popular ya sabe que la única salida que tienen los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 6 de San Isidro es condenar al viudo Carlos Carrascosa por el delito de encubrimiento y ordenar se prosigan las investigaciones para descubrir al asesino, que ya jamás podrá ser el ex marido, porque nadie puede ser juzgado dos veces. Unos pocos años de cárcel para el acusado salvarán el honor de jueces y fiscales.En el caso Dalmasso las cosas van peor. El crimen todavía está fresco, ya que ocurrió el 25 de noviembre del año pasado, es decir hace ocho meses. El fiscal de Río Cuarto Javier Di Santo, vinculado con la UCR de Córdoba, está desde el primer día al frente de la investigación. Luego se le sumaron los fiscales Fernando Moine y Marcelo Hidalgo. Entre todos ya han cometido una serie de desaciertos que comprometen la investigación.Primero los policías fueron acusados de “apremios ilegales" contra el llamado “perejil" Gastón Zárate y sus amigos, al que el fiscal detuvo y acusó del homicidio y luego tuvo que soltar ante un pueblo que tomó las calles y las plazas de Río Cuarto en el llamado “perejilazo". Ahora, con los mismos elementos de prueba que quiso hacer valer contra el pintor Zárate, acusó al hijo de la asesinada, Facundo Macarrón, el que denunció “aprietes" contra su amigo Andrés o “Andy".Mientras esto sucede, las pruebas se ensucian y no se protegen para resguardar su validez. Las pericias cada vez son más desprolijas y contradictorias. Todo igual que en el caso de García Belsunce.La aparente “fragilidad fiscal", que raya con la ineficiencia o la violación de deberes, quiere ser exhibida por algunos sectores autobautizados progresistas como la panacea del “derecho penal libre y garantista", esto es un ministerio público integrado por fiscales y defensores oficiales que se asocian para garantizar a los delincuentes y enviar a las víctimas y sus familiares al psiquiatra si reclaman mucho.La complicidad con el delito de un ministerio público que sienta en los mismos escritorios y despachos a los fiscales y a los defensores oficiales, que comparten computadoras, libros, cafés, almuerzos y carreras judiciales, quedó patentizada en esta semana con la sorprendente conducta exhibida por la defensora oficial María Victoria Sosa y el defensor oficial Ricardo Mendoza en el juicio oral y público a los padres de Abigail Ramos, también conocida como “Lucero", víctima de un aberrante filicidio que conmovió a nuestra ciudad, y que ocurriera el 21 de abril de 2006. La vista oral comenzó el martes 19 de junio en la sala de audiencias del Tribunal Oral 3 de Mar del Plata, y continuará en la próxima semana hasta la sentencia que deberán dictar los jueces Hugo Trogu, Eduardo Alemano y Alfredo Deleonardis.

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