Web Toolbar by Wibiya Caso García Belsunce: Derivaciones del caso Carrascosa - Belsunce

sábado, 15 de octubre de 2011

Derivaciones del caso Carrascosa - Belsunce

Juan Martín Romero Victorica, renunció recientemente a su cargo de fiscal por estar acusado formalmente de estar involucrado en el tráfico de bebes robados durante la dictadura militar. Otro fiscal Molina Pico, enfrenta jury de enjuiciamiento por abusos en su función, notoriamente intimidar testigos, ajustar hechos y declaraciones a sus preconceptos, y omisiones evidentes en su tarea. Ambos funcionarios son protagonistas del caso García Belsunce. En forma paradójica la contraparte, el esposo de la socióloga García Belsunce, esta acusado y condenado a prisión perpetua por el presunto asesinato de su esposa. La socióloga asesinada es conocida por haber sido fundadora de una sociedad civil para encontrar niños robados y devolverlos a sus familias (Missing Children Argentina). Los nuevos hechos acaecidos en el famoso caso, llevan a preguntarse hasta qué punto una democracia constitucional puede ser administrada por una organización judicial antiliberal.

Casado, con cinco hijos y 67 años, Romero Victorica se jacta de haber sido quien, con sus sospechas sobre un crimen, provocó la investigación penal por el homicidio María Marta García Belsunce.

En una entrevista periodística Victorica dice sin ambagues: “…yo fui el motor de las sospechas en la teoría del accidente” (perfil.com – Edición impresa)

Uno de los fiscales principales del caso, Molina Pico habló de la influencia del fiscal Victorica en las decisiones que motivaran el caso, la cual se debía a “mi propia formación militar y por la experiencia y la gran autoridad dentro de la jerarquía judicial de Romero Victorica”: Victorica no concurrió a declarar cuando lo convocaron en primera instancia y calificó al fiscal Diego Molina Pico de “Mocoso imberbe”. .. En aquella ocasión, el funcionario judicial dijo a Télam que Diego Molina Pico era “un ignorante jurídico” por citarlo y aclaró que si le enviaban un cuestionario, lo iba a responder.

Estos son solo algunos de los cambios de palabras entre titulares de las Fiscalías, para atribuirse el mérito de la condena de Carlos Carrascosa a prisión perpetua, por el presunto homicidio de su esposa María Marta García Belsunce. Los esfuerzos del fiscal Victorica, para obtener reconocimiento público de la condena de Carrascosa y la familia de la mujer asesinada, tienen sus motivos: 1.) el sistema judicial argentino, tiene fama de ser muy ineficiente cuando se trata de condenar, personas influyentes o de alto poder económico, como el que tenían los Carrascosa-García Belsunce cuando estos procesos se iniciaron en octubre de 2002 (hoy no se mantiene esta situación); 2.) El mismo Fiscal Victorica tiene una carrera formada principalmente durante la dictadura militar y es conocido por sus posiciones políticas de derecha, hecho que es necesario disimular con un proceso de trascendencia mediática y orientación populista; 3.) También en materia de derechos humanos ha estado involucrado en el robo de bebes durante la dictadura militar y 4.) Finalmente, hace tiempo que viene rondando una denuncia de un caso relativo a uno de esos bebes robados por el Coronel del Ejercito Germán Telzlaf (hoy fallecido) quien mató a ambos padres (Hilda Ramona Torres y Orlando Montenegro) de uno de esos bebes que ahora es una señora adulta, una bella persona madre de 3: Victoria Montenegro. El ex fiscal Victorica es denunciado concretamente de prevaricato por filtrar datos de la investigación en contra de este Coronel, quien estaba al tanto de los movimientos del expediente de acusación hasta con 20 días de antelación y recibía asistencia jurídica proporcionada por la propia fiscalía. El procurador de la Nación Esteban Righi abrió un sumario interno para investigar la conducta del fiscal, solicitar jury de enjuiciamiento que tiene facultades para destituirle, y retirarle todo o parte de su jubilación. Las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires, (inclusive los fiscales) tienen derecho a jurados integrados por sus pares, un derecho que es negado a la población civil plebeya (inclusive a los implicados en el caso García Belsunce).

Finalmente la renuncia presentada por el fiscal fue aceptada recientemente. Cuando cayó el régimen nazi, las autoridades norteamericanas de ocupación para Alemania, tenían como primer objetivo, una auditoría del sistema jurídico, que tenía como finalidad evitar que se repitiera el fracaso de la República de Weimar (así se le llama al Estado democrático Alemán entre la primera guerra y el ascenso nazi al gobierno.)

El aparato judicial alemán, se había consolidado durante la monarquía (en el siglo XIX), y tuvo como objetivo estatizar el derecho, lo que se logró con la adhesión al positivismo jurídico y en la identificación de los profesionales de derecho con el Estado (la palabra positivismo tiene en derecho un significado bien diferente que en filosofía y ciencia). Terminada la primera guerra, la profesión legal comenzó un declive importante, y posiblemente sufrió mas que otras profesiones las condiciones de inestabilidad e hiperinflación de la República de Weimar. Los juristas en su conjunto fueron acusados de actuar en forma tendenciosa en la pugna, importante en ese momento entre derecha e izquierda a favor de la primera.

Finalmente el sistema legal en su conjunto tuvo una actuación destacada en la configuración del aparato de terror establecido por el nazismo. Un libro recientemente publicado hace un resumen, de las medidas de auditoría que las autoridades norteamericanas de ocupación hicieron para evitar la repetición del fenómeno de Weimar. Justice Delayed: The Restoration of Justice in Bavaria under American Occupation, 1945-1949 by Jeffrey S. Gaab. New York: Peter Lang, 1999. 188 pp. ISBN 0-8204-4283-6. El esfuerzo de la reforma jurídica estaba basado en la sencilla premisa que si se desea ver florecer a la democracia es necesario un sistema de guardia legal que protejan a los individuos contra las intrusiones del Estado.

El autor ejemplifica: para el establecimiento de un nuevo orden legal se trataba de distinguir entre los verdaderos nazis y los “compañeros de ruta conservadores”, pero esta distinción era a veces imposible. Por ejemplo el ministro Nazi de Justicia Frank fue rotulado Nazi aún cuando el trató de convencer a Hitler de desmantelar los campos de concentración y fue destituido de las oficinas del partido. Frank confesó en Nüremberg y fue ejecutado. Pero su colega Gurtner, quien se unió a Frank en el intento de persuadir a Hitler (y se le permitió mantener su posición) se le consideró un nazi no convencido y compañero de ruta. Es también famoso el constitucionalista nazi Carl Schmitt, quien fue considerado un compañero de ruta sin demasiadas explicaciones, y aún ha tenido una fuerte influencia en América Latina después de la guerra. El capítulo 7 del libro evalúa los programas de reeducación para convertir a los compañeros de ruta en demócratas genuinos, luego del aparente fracaso de la denazificación. y si bien los programas fueron exitosos, nunca lograron llegar a suficiente número de alemanes para ser efectivos.

Sin embargo es evidente que la República Federal Alemana (hoy Alemania Federal), no tiene nada que ver con Weimar, y que a pesar de las reservas, los cambios buscados se lograron establecer.

La Corte Constitucional Alemana, recién renunció al positivismo formalmente en 1973.

A diferencia del caso alemán, en América Latina no se hizo una revisión de las instituciones jurídicas a cuyo amparo crecieron y se mantuvieron las dictaduras militares del continente. De donde las flamantes democracias, luchan con instituciones judiciales anticuadas, a veces dirigidas por profesionales de muy poca competencia, y formados para una trabajo muy distinto.

El caso Carrascosa es un ejemplo casi académico de proceso incompatible con una democracia, a pesar que es uno de los primeros esfuerzos por hacer el proceso público, al alcance de todo el mundo, lo cual es en sí una garantía nueva e importante.

Sin embargo nosencontramos con un proceso, donde solamente una de las partes (los fiscales) tienen la garantía de jurados, y eventualmente de una integración corporativa de los mismos.

Donde el Estado obtiene cambios que él mismo piensa que son sustanciales (no lo son) en las declaraciones de los co-acusados, y que una vez negociadas se incorporan al expediente contra los acusados y son remuneradas con la renuncia penal a la vista de todo el mundo. (caso masajista Michelini).

También se niegan los fiscales a perseguir delitos algunos francamente probados, en el temor de tener que reconocer errores o perder popularidad.

Estos son solo algunos de los aspectos que tiene que hay que considerar cuando se entre a revisar lo actuado por los tribunales argentinos.

En tanto, un inocente está preso y una familia perseguida y arruinada. Cuando el juicio es público, a la larga, triunfa la verdad, y la justicia se hace su lugar tarde o temprano en los tribunales. Si no me creen, pregúntenle a Victoria Montenegro.


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